Venezuela requiere un sistema de justicia probo y moderno.

Por Diógenes Castellín | @dcastellin9

Hola, amigos lectores. Bienvenidos a mi blog, donde comparto mis opiniones sobre temas de actualidad. En este artículo, voy a explicar por qué Venezuela necesita un sistema de justicia que sea honesto, eficiente y acorde con los tiempos actuales. La justicia es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de derecho, y sin ella no hay garantía de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico y social.

El sistema de justicia venezolano está atravesando una grave crisis que se refleja en varios aspectos: la falta de independencia judicial, la politización de los órganos judiciales, la corrupción e impunidad, la violación del debido proceso, la mora procesal, el hacinamiento carcelario y la violencia en las cárceles, entre otros. Estos problemas afectan la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, y generan un clima de incertidumbre e inestabilidad.

Para superar esta crisis, Venezuela requiere un sistema de justicia probo y moderno, que cumpla con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Un sistema de justicia que garantice el acceso a la justicia para todas las personas, sin discriminación ni privilegios; que respete el principio de separación de poderes y la autonomía e independencia de los jueces; que sea transparente y rinda cuentas ante la sociedad; que sea eficaz y oportuno en la resolución de los conflictos; que promueva la prevención y la solución pacífica de las controversias; que proteja los derechos de las víctimas y los imputados; que respete los derechos humanos de las personas privadas de libertad;; que contribuya a la paz y la convivencia social; que fortalezca la independencia e imparcialidad del poder judicial frente al poder ejecutivo y a otros actores políticos o económicos; que combata la corrupción judicial mediante mecanismos efectivos de prevención, control y sanción; mejorar la eficiencia y celeridad del sistema judicial mediante la dotación adecuada de recursos humanos, materiales y tecnológicos.

Además, el sistema de justicia venezolano presenta altos niveles de corrupción, que se manifiestan en la venta de sentencias, el cobro de sobornos, el tráfico de influencias y el nepotismo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto 176 de 180 países evaluados, con una puntuación de 15 sobre 100. La corrupción judicial afecta el acceso a la justicia de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, que no pueden costear los servicios legales o las coimas exigidas por los funcionarios.

Asimismo, el sistema de justicia venezolano es ineficiente y lento, debido a la falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Según el informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) de 2019, el poder judicial cuenta con solo 2.054 jueces para atender a una población de más de 28 millones de habitantes, lo que implica una relación de 7 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio regional. El informe también indica que el 80% de los expedientes judiciales se encuentran en fase preliminar o intermedia, lo que genera una mora procesal que viola el derecho a un juicio justo y sin dilaciones indebidas.

Para lograr este objetivo, se requiere una reforma integral del sistema de justicia, que involucre a todos los actores del sector: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Sistema Penitenciario, el Consejo Moral Republicano, el Poder Ciudadano y el Poder Legislativo. Asimismo, se requiere la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los medios de comunicación y la cooperación internacional. La reforma del sistema de justicia es una tarea urgente y necesaria para Venezuela. Solo así se podrá garantizar el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, y se podrá avanzar hacia una democracia plena y una sociedad más justa e inclusiva.

Finalmente, el sistema de justicia venezolano es impune, ya que no investiga ni sanciona las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Según el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de 2020, existen motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas han cometido crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. El informe señala que estos crímenes se han cometido con el conocimiento o el apoyo directo del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios civiles y militares. Sin embargo, la mayoría de estos casos no han sido investigados ni juzgados por la justicia venezolana, lo que genera una situación de impunidad estructural.

Gracias por leerme. Espero sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.